En una histórica sesión plenaria celebrada el martes 22 de agosto, el Senado de la República dio un paso significativo al aprobar con un respaldo mayoritario de 84 votos a favor el proyecto de reforma salarial destinado a los congresistas.
Esta iniciativa, liderada por el senador Jota Pe Hernandez del partido Alianza Verde, busca introducir ajustes en las remuneraciones de los funcionarios legislativos, marcando un hito en la gestión de recursos públicos.
La discusión en el Congreso fue intensa, con una marcada divergencia de opiniones entre los legisladores en torno al proyecto. Hubo intentos de postergar el análisis de la propuesta, pero después de un detenido debate y análisis, el proyecto logró superar exitosamente su segunda votación en el Senado. Ahora, la responsabilidad de su revisión final recae en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
La propuesta de Alianza Verde introduce una modificación crucial en relación con el tiempo de implementación. A diferencia de la propuesta original que buscaba una implementación inmediata, la reducción salarial está programada para entrar en vigencia a partir del próximo periodo congresional, que comienza en el año 2026. Esta modificación fue diseñada para asegurar un proceso de aprobación más fluido en la Cámara de Representantes y abordar las preocupaciones en torno a los derechos adquiridos por los legisladores.
El alcance del proyecto no se limita únicamente a la disminución del sueldo base de los congresistas. También se propone la eliminación de la prima especial de servicios, que en la actualidad asciende a más de 14 millones de pesos.
La compensación para los miembros del Congreso abarca no solo la asignación mensual, sino también los gastos de representación y la prima especial. Según las palabras del senador Jota Pe Hernandez, esta medida representa un paso significativo hacia la transparencia y la austeridad en el ámbito de la administración pública.
Además, la aprobación del proyecto incorpora una propuesta adicional presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, perteneciente al partido Cambio Radical. Esta propuesta no solo propone la reducción de los salarios de otros dignatarios del Estado, sino también establecer el salario de los congresistas como el límite máximo dentro de la estructura salarial del sector público.
A pesar del respaldo mayoritario en el Senado, el proyecto aún enfrenta dos debates pendientes en el Congreso para completar su proceso legislativo. La iniciativa ha desencadenado un enérgico debate en torno a cuestiones de equidad económica y sostenibilidad fiscal, marcando un punto crucial en el camino hacia la transformación de las remuneraciones en el ámbito legislativo del país.
